En los últimos días se escuchó en los distintos medios de comunicación, las diferencias que existen sobre la aprobación de los presupuestos provincial y municipal 2011. Por una parte, el pedido del oficialismo en la Cámara de Diputados para que se apoye el préstamo de 170 millones para la obra del acueducto del interior y por la otra, a nivel municipal, de un endeudamiento de 220 millones de pesos para obras de infraestructura y otros emprendimientos, también contenidos en el presupuesto girado al Concejo.
Ante esta realidad y frente a nota publicada en este matutino el domingo 7 de noviembre en la página 7, en la que se sumaran voces de otros sectores de la sociedad, que de alguna manera intentan condicionar la libertad de acción y fundamentalmente de opinión de los legisladores, en tanto se solicita una suerte de reciprocidad entre la oposición en uno y otro órgano legislativo, me veo obligado a expresar mi opinión sobre el tema.
Entiendo necesario resaltar que cada legislador, ya sea en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados Provincial o en los Concejos Municipales, debe tener garantizada su libertad de opinión y decisión, en el análisis de cada proyecto, sea de la materia de que se trate, a fin de evaluar la situación y resolver de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar, sobre su viabilidad y conveniencia, y sin ningún tipo de condicionamiento político.
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